Abrumados por los desmanes de sus hijos adolescentes, algunos padres de familia han debido admitir públicamente su incapacidad para controlarlos. Pero en el colmo de su desesperación, no se les ocurrió otra táctica correctiva que recurrir a la policía municipal para que sea ésta quien meta en cintura a sus muchachos. Es tanto como pretender apagar el fuego con un chorro de gasolina. Está cañón.
Corren tiempos difíciles para todas las familias ciertamente, más aún para aquellas que deben lidiar con la pubertad de alguno o varios de sus miembros. No sólo por la rebeldía típica que ataca a los jóvenes al primer asomo de vellos en sus otrora partes lozanas, sino, sobre todo, por la falta de oportunidades de ascenso social en un mundo que pondera paradójicamente el éxito económico como único factor de reconocimiento. Es decir, se exige justo lo que se niega. Una auténtica trituradora psicológica para los adolescentes que, nadie como ellos, buscan ser aceptados, aglutinarse en la misma masa que los repele. De allí que muchos de ellos ensayen un remanso pasajero en las drogas y el alcohol, paraísos efímeros de sus egos atormentados. Mientras que otros, los más avisados o aguzados, aprovechen el viaje para destruir destruyéndose a la sociedad que tan perversamente les toma el pelo.
Viviendo algunos de esos jóvenes, además, en la arrabalera delegación Insurgentes, poco o nada podría reclamárseles a sus padres por haber llegado al extremo de invocar a la policía como una suerte de coco corpóreo que habría de lograr lo imposible: meterlos temprano a la cama. Qué podría recriminárseles, en efecto, si, aparte de la miseria que los abruma, es evidente su desconocimiento del marco legal que regula las acciones policíacas. No le pidamos peros al colmo. Para eso están los altos mandos, diría cualquier estudiante de secundaria, pero no Gabriel Arellano Espinosa, el alcalde de Aguascalientes, quien, en lugar de amonestar más bien a los quejosos por pretender hacer de esta democracia una dictadura o un apartheid, hizo eco de su clamor histérico y, en consecuencia, aceptó levantar a cualquier muchacho que se sorprenda fuera de su casa después de las once de la noche en esos barrios miserables. Un acto de persecución dictatorial, tal cual.
No es broma: “Al menos en diez colonias de la ciudad existen las condiciones que justifican aplicar, no un toque de queda como tal porque no está permitido, pero sí acciones de apoyo especial a padres de familia que nos lo piden, porque no pueden meter a sus hijos al orden”, declaró el criador de pollos metido a gobernante sin añadir enseguida el imprescindible “éjele, cómo creen, si la ciudad no es otro de mis corrales”. Por el contrario, con la misma solemnidad, sólo volvió a abrir la boca para lamentar no tener las manos completamente libres para poder dar rienda suelta a sus razzias punitivas: “más tarda la policía en levantar a los vagos y malvivientes, que las madres en ir a pagar las multas y a exigir que los liberen”, declaró sin que las notas periodísticas indiquen si se ruborizó al menos al escenificar semejante papelón.
Lo más seguro es que no. Y es que, deseoso acaso de poder cerrarles el pico a sus gobernados como a sus pollos, Arellano se olvidó sin más de la ley que juró respetar al momento de asumir su cargo. Por eso, con la pena, no está de más recordarle que tampoco está permitido que el gobierno restrinja las garantías individuales en tiempos de paz y que, por lo tanto, su flamante posición de institutriz callejera es a todas luces ilegal. Si lo que quiere es apoyar a esos atribulados padres de familia, lo más que podría hacer desde su alta investidura es reforzar la presencia policíaca en las zonas conflictivas para así sorprender in fraganti a cualquier infractor y remitirlo por los canales dispuestos por la ley —una patrulla, sin madrina exprés de por medio, ojo— a las instancias sancionadoras: el Ministerio Público o un juez de paz. Nada más.
Bueno, si en lugar de Aguascalientes estuviera al frente de Estocolmo, el alcalde también podría instrumentar programas de animación cultural y de rehabilitación social en esas “diez colonias” malditas: círculos de integración juvenil a través de actividades artísticas y recreativas; grupos de apoyo a drogadictos y alcohólicos; bancos de empleo juvenil; trabajo terapéutico al interior de familias disfuncionales, por ejemplo. Pero, lo dicho: estamos en Aguascalientes, tierra de gente buena, que lo único que quiere es vivir en paz, aun cuando para ello sea necesario hacerle la guerra a los grupos más desprotegidos y vulnerables de nuestra sociedad. Amén.

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